Emprender en Italia

Trabajo autónomo y partita IVA

Quien ejerce de forma habitual una actividad profesional o empresarial abre la partita IVA en la Agenzia delle Entrate indicando el código ATECO de la actividad. Para las empresas, la solicitud de codice fiscale y partita IVA está incluida en la Comunicazione Unica al Registro delle Imprese, el trámite telemático que cumple en un solo envío las obligaciones ante la Camera di Commercio (Cámara de Comercio), la Agenzia delle Entrate, el INPS y el INAIL y, si es necesario, transmite la SCIA (comunicación certificada de inicio de actividad) al SUAP del Comune (ayuntamiento). Los nómadas digitales con el permiso específico deben solicitar la partita IVA conforme al art. 35 del DPR 633/1972.

En materia de previsión social, los profesionales sin una caja profesional propia se inscriben en la Gestione separata del INPS; los artesanos y comerciantes, en las gestiones correspondientes del INPS; quien está inscrito en un colegio profesional cotiza a su propia caja profesional. Quien cumple los requisitos puede elegir el regime forfettario (régimen a tanto alzado; véase la ficha Dinero y fiscalidad). La factura electrónica a través del Sistema di Interscambio es obligatoria para todos los titulares de partita IVA, incluidos los acogidos al régimen forfettario, desde el 1 de enero de 2024 (decreto-ley 36/2022, art. 18).

Las profesiones reguladas (sanitarias, jurídicas, técnicas y otras) exigen la inscripción en el colegio y, para los títulos extranjeros, el reconocimiento. Para los títulos obtenidos en la Unión rige la directiva sobre cualificaciones profesionales: la autoridad italiana decide en un plazo de tres meses desde la documentación completa, no puede exigir traducciones juradas y para algunas profesiones existe la tarjeta profesional europea; los títulos de fuera de la UE siguen las normas nacionales. La base de datos de la UE de profesiones reguladas indica si una profesión está regulada en Italia; el Ministerio de Universidades, a través de CIMEA, expide certificados de comparabilidad de los títulos académicos.

Obligaciones tras la constitución

Todas las empresas, individuales y societarias, deben comunicar al Registro delle Imprese su domicilio digital (dirección PEC): en caso de omisión, la Camera di Commercio les asigna uno de oficio y aplica la sanción, duplicada para las sociedades y triplicada para las empresas individuales (art. 37 del decreto-ley 76/2020). Las actividades sujetas a control (comercio, hostelería, artesanía, servicios a las personas y otras) comienzan con la SCIA al SUAP del Comune, presentada a través del portal impresainungiorno.gov.it, también junto con la Comunicazione Unica. Cada año las empresas inscritas pagan a la Camera di Commercio el diritto annuale (derecho anual), cuyo importe se calcula en el portal específico.

Las sociedades de capital constituidas hace no más de 60 meses que desarrollan, producen o venden productos o servicios innovadores de alto valor tecnológico pueden inscribirse en la sección especial del Registro delle Imprese como startup innovadoras: valor de la producción anual no superior a 5 millones de euros a partir del segundo año, ningún reparto de beneficios, objeto social exclusiva o principalmente innovador, sin derivar de fusión, escisión o cesión de empresa. Los beneficios incluyen costes de constitución reducidos, flexibilidad societaria, instrumentos financieros para los colaboradores, crédito fiscal para investigación y desarrollo, captación de fondos a través de portales de crowdfunding y ventajas fiscales para quien invierte. Una modificación normativa reciente ha introducido nuevos requisitos aplicables a partir del tercer año de inscripción: el portal de las startup indica que la actualización de las fichas está en curso.

Extranjeros que emprenden y primeras contrataciones

Los ciudadanos de la UE, el EEE y Suiza ponen en marcha una actividad en las mismas condiciones que los italianos. Los ciudadanos de fuera de la UE necesitan un permesso di soggiorno (permiso de residencia) que permita el trabajo autónomo: el visado por trabajo autónomo (art. 26 TUI) exige que la actividad no esté reservada por ley a los italianos o a los ciudadanos de la UE, recursos adecuados, los requisitos para ejercerla, un alojamiento adecuado y una renta superior al mínimo para la exención del ticket sanitario, y se expide dentro de los límites numéricos del decreto flussi (decreto de cuotas de entrada), con decisión en un plazo de 120 días; si otros permisos que ya se tienen permiten el trabajo autónomo debe comprobarse con la questura (jefatura de policía). Como alternativa existe el Visto Investitori per l'Italia (visado para inversores), de duración bienal, para quien invierte 2 millones de euros en deuda pública, 500.000 euros en una sociedad de capital italiana, 250.000 euros en una startup innovadora o 1 millón de euros en una iniciativa filantrópica: la solicitud se presenta en la plataforma del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, que expide el nulla osta (autorización previa) antes del visado (programa suspendido para los ciudadanos rusos y bielorrusos).

Quien contrata aplica el convenio colectivo nacional (CCNL) del sector, se registra como empleador en el INPS, asegura a los empleados en el INAIL pagando cada año la prima y comunica por vía telemática al Ministerio de Trabajo el inicio, las variaciones y el cese de cada relación laboral (comunicación obligatoria UNILAV), que el sistema pone a disposición de los demás organismos. Casi todas las pequeñas empresas encargan las nóminas y los trámites a un consulente del lavoro (graduado social) o al commercialista (asesor fiscal).